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Venezuela recibe felicitación de la ONU por garantizar a las féminas una vida libre de discriminación . . .

La ministra del Poder Popular para la Mujer e Igualdad de Género, Andreina Tarazón, detalló que fue altamente satisfactorio el informe nacional sobre el cumplimiento de la Convención por parte del Gobierno Bolivariano

Venezuela ante el Comité para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de la ONU

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de la presidenta del Comité de la Convención de eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Nicole Ameline, felicitó este martes al Gobierno Bolivariano de Venezuela por todas las políticas que viene impulsando para proteger y garantizar los derechos humanos de las venezolanas.

Así lo informó la ministra del Poder Popular para la Mujer e Igualdad de Género, Andreina Tarazón, durante un contacto telefónico transmitido por Venezolana de Televisión, donde detalló los resultados de la presentación del informe nacional sobre el cumplimiento de la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer por parte del Estado venezolano, efectuada en Ginebra, Suiza.

La jefa de la delegación venezolana, explicó que los expertos de la ONU calificaron de incuestionables los avances de Venezuela que han permitido consagrar la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres en el país.

AVANCES EN LA DEFENSA DE LAS MUJERES

Tarazón detalló, por ejemplo, de la creación de un ministerio exclusivo para la atención de las mujeres, así como la conformación del poder popular a través de los Consejos comunales, de los cuales el 51% están dirigidos por damas. Resaltó, asimismo, la voluntad política del estado venezolano para dar espacios de poder a las mujeres: mandos nacionales, alcaldías y misterios.

Refirió, asimismo, la paridad de niños y niñas a nuevas tasas de escolaridad en educación media, con 90,4 % para las jovencitas y 82,5% para los muchachos.

Igualmente, se informó de la importancia de la dirección del contenido de la educación primaria para enseñar equidad de género, a través de la colección Bicentenaria de textos escolares y el programa Canaima Educativo con la entrega gratuita de computadores portátiles.

La ministra remarcó además que en Venezuela existen más de 2,5 millones de pensionados, de los cuales 58% son mujeres. También habló de la promulgación de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT), que incluye varios artículos en resguardo a la madre trabajadora y sus derechos a la maternidad y la lactancia.

Andreína Tarazón manifestó su satisfacción por la defensa “absolutamente exitosa de la de delegación nacional, a pesar que los expertos de la ONU utilizan una metodología bastante rígida.

“Al finalizar, nos felicitaron, y una de ellas comentó que quisiera tener en su país por lo menos un cuarto de las políticas que promueve el estado venezolano”, concluyó.

FUENTE: Correo del Orinoco.

TSJ compartió experiencia sobre justicia de género con países de América Latina . . .

La coordinadora de la Comisión Nacional de Justicia de Género del Poder Judicial e integrante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Carmen Zuleta, destacó la defensa de la igualdad y la equidad de género como precepto fundamental de la Carta Magna y la labor que desempeña el TSJ en aras de perfeccionar y actualizar la legislación

La coordinadora de la Comisión Nacional de Justicia de Género del Poder Judicial e integrante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Carmen Zuleta, participó este lunes en una videconferencia organizada por la Fundación Justicia y Género de Costa Rica, para realizar sus aportes en cuanto a los derechos económicos de la mujer y la experiencia de Venezuela en cuanto la protección de las mujeres víctimas de violencia.

Desde la sede del TSJ, en Caracas, la magistrada Zuleta centró su exposición en el área de “Pensión Alimentaria. Mujeres Víctimas de Violencia”, resaltando los avances logrados por el sistema judicial desde la entrada en vigencia de la Constitución venezolana, en 1999, la cual dio inicio a un proceso avanzado en el reconocimiento de una legislación favorable a la protección de la integridad y los derechos humanos de las mujeres, reseña una nota de prensa.

También destacó la defensa de la igualdad y la equidad de género como precepto fundamental de la Carta Magna y la labor que desempeña el TSJ en aras de perfeccionar y actualizar la legislación.

En la interconexión satelital también participaron representantes de Panamá, Colombia, Costa Rica, México, Guatemala, Nicaragua y El Salvador.

Zuleta indicó que este tipo de actividades son propicias para proyectar de manera pedagógica la labor y desempeño del TSJ. También permite compartir a la institución judicial su experiencia con el resto de los países de América Latina, a fin de enriquecer la legislación venezolana y avanzar hacia el uso de la tecnología para el beneficio de miles de personas que puedan escuchar y conocer los avances en materia de derechos de la mujer en Venezuela.

FUENTE: Correo del Orinoco.

Inician elaboración de anteproyecto de ley de control político . . .

Esperan presentar en febrero el borrador y el 30 de marzo del año 2015 entregar el proyecto a la Comisión de Contraloría para su primera discusión

El vicepresidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, diputado Jesús Montilla (Psuv-Falcón) informó que la instancia que representa ya comenzó el trabajo para la elaboración del anteproyecto de ley de control político.

Agregó que luego de instalada la subcomisión legislativa que redactará el referido anteproyecto, iniciaron la recopilación de información, investigación de material y análisis comparado para ver las leyes que existen en otros países.

Se prevé una coordinación con la Dirección General de Investigación y Desarrollo Legislativo, a cargo de Aura Rosa Hernández, para revisar un material “interesante” que tienen sobre la materia.

“Estaremos trabajando los próximos tres meses y esperamos presentar en febrero el borrador o primer papel de trabajo. Para el 30 de marzo del año 2015, aproximadamente, entregaremos el proyecto a la Comisión para su primera discusión y luego de resultar aprobado, será remitido a la Secretaría de la AN.

El diputado señaló que el tema de control político está consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pero no se ha desarrollado porque no existe una ley. Finalmente, consideró que "se debe controlar la administración pública, municipal, regional y nacional".

FUENTE: AN

Ley de la Jurisdicción Especial Indígena permitirá administrar justicia con leyes propias . . .

El texto elaborado por la Comisión de Pueblos Indígenas consagra la potestad que tiene las autoridades legítimas de los pueblos originarios para administrar justicia en su hábitat y tierras, basado en su derecho propio y conforme a sus procedimientos tradicionales paras solucionar controversias

La Comisión Permanente de Pueblos Indígenas de la Asamblea Nacional, cumpliendo con el compromiso asumido con los pueblos y comunidades indígenas y con el Programa Legislativo Anual 2014, continúa impulsando el Proyecto de Ley de Coordinación de la Jurisdicción Especial Indígena con el Sistema de Justicia Nacional, para dar continuidad a los ideales del presidente Chávez en cuanto al reconocimiento a los derechos de estas comunidades.

El presidente de la Comisión, diputado José Luis González (PSUV/Representación Indígena) explicó que este instrumento legal permitirá administrar justicia utilizando normas, reglamentos y leyes propias de los pueblos ancestrales y en coordinación con el sistema de justicia ordinaria.

En el texto del proyecto se desarrolla el artículo 260 de la Constitución Nacional el cual establece que "las autoridades legítimas de los pueblos indígenas podrán aplicar en su hábitat instancias de justicia con base en sus tradiciones ancestrales y que sólo afecten a sus integrantes, según sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a esta Constitución, a la ley y al orden público".

En ese sentido y en consonancia con el principio de participación ciudadana para la formación de leyes, la Comisión planifica una serie de talleres, foros y mesas de trabajo con el pueblo soberano, a fin de difundir la propuesta legislativa entre las comunidades indígenas y el público en general y así, abrir un abanico de consultas en todo el territorio nacional.

El proyecto aprobado, en primera discusión, en esta instancia legislativa será remitido a la Plenaria una vez recibido el Informe de Impacto Económico, para próxima discusión y aprobación.

La Jurisdicción Especial Indígena

Es una instancia legal donde los pueblos y comunidades originarias podrán asumir la resolución de sus conflictos a partir de su cosmovisión, uso y costumbres, no obstante el Estado siempre se reservará los delitos mayores como la violación de derechos humanos, para aplicar la ley.

La legislación venezolana reconoce y desarrolla el derecho de los pueblos y comunidades indígenas para ejercer a través de sus autoridades legítimas, la autoridad jurisdiccional, es decir, asumir de pleno derecho el control social de sus comunidades

Sin embargo, para hacer valer sus decisiones o actos en algunos casos, se requiere del entendimiento con las instancias de la Jurisdicción Ordinaria, buscando así superar las prácticas anteriores en los cuales algunos funcionarios vienen asumiendo conductas que desestiman la función jurisdiccional de las autoridades legítimas indígenas.

En otros casos, algunos argumentan que las autoridades legítimas indígenas, no tienen suficiente capacidad para resolver algunas categorías de delitos considerados graves.

Situaciones como esas, colocan a las legítimas autoridades indígenas en desventaja para ejercer su potestad y hacer valer sus decisiones, optando en muchos casos por declinar su competencia a las autoridades ordinarias, convirtiéndose en una situación de debilidad de la Jurisdicción Especial Indígena frente al Sistema de Justicia Nacional.

Por tanto, esa ley permitirá clarificar la relación entre ambas jurisdicciones orientándose a garantizar a las y los indígenas su derecho de acceso a la justicia y en términos de complementación, mediante el establecimiento de las bases y los mecanismos de coordinación entre ambas jurisdicciones, que permitan brindar la seguridad jurídica a los pueblos indígenas en función de fortalecer su derecho al ejercicio de administrar justicia, basada en sus propias normas, que incluya el respeto de las decisiones que emanen en el ejercicio del mismo.

FUENTE: AN.

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